PETOVELLO ACUMULÓ MÁS DENUNCIAS EN SU CONTRA EN LA JUSTICIA ARGENTINA

Es que, casi en paralelo a la denuncia penal que se radicó en febrero 2024 contra Pettovello, se radicaron también contra el Ministerio de Capital Humano pero esta vez en el fuero en lo contencioso administrativo.

PETOVELLO CÓMPLICE 

Una fue radicada el 14 de febrero a raíz de amparo colectivo y medida cautelar promovidos por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con el patrocinio de distintos abogados, entre ellos, Juan Grabois. Allí se denunció la suspensión o mengua -según se expresa- de tres mecanismos a través de las cuales el Estado Nacional venía garantizando el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias hacia las familias carenciadas y reclamaba que se entregara alimentos de manera urgente a los comedores.

Según analizó en su voto el juez Eduardo Farah de la Cámara Federal, “la petición es análoga” a la que se cursó la causa penal que tiene Casanello, “solo que a mi entender pone el énfasis en los recursos que se destinaran a futuro para ello en el universo de los regímenes de prestaciones alimentarias que brinda el Estado Nacional, mientras que en esta causa penal la orden del juez estuvo -y sigue estando- orientada al modo de disponer de los alimentos que puntualmente hoy están disponibles en los 2 depósitos: de Villa Martelli y de Tafí Viejo en Tucuman.

La segunda causa que se inició en el fuero contencioso se inició también para esa fecha, el 6 de febrero, a raíz de una medida de prohibición de no innovar que interpuesta por la Defensora y el Defensor Adjunto de Niñas, Niños y Adolescentes contra el Ministerio de Capital Humano dirigida a que no discontinúe ni suspenda la entrega de alimentos secos a comedores comunitarios y merenderos “hasta que culmine la transición a la nueva modalidad de asistencia alimentaria” Allí la cartera de Pettovello daba cuenta en ese entonces de los alimentos almacenados en los depósitos. En medio de idas y vueltas, el juzgado rechazó la medida cautelar solicitada. La defensoría apeló y está a estudio de la Cámara del fuero.

Hay una tercera causa que el fallo de Cámara no menciona: es la que detalló Infobae cuando el juez en lo contencioso administrativo federal WalterLara Correa inició a fines de mayo un proceso colectivo contra el gobierno nacional de Javier Milei por la falta de entrega de alimentos a comedores y merenderos en todo el país. Con su decisión, el magistrado abrió un período para convocar a personas, asociaciones u organizaciones “que pudieran tener un interés en el resultado del litigio” y le pidió al Poder Ejecutivo que informe sobre la ejecución de los programas de alimentos.

El 30 de mayo, De la Torre, virtual número dos de la cartera de Capital Humano, fue desplazado de su cargo en medio de una fuerte polémica por la distribución de los alimentos destinados a los comedores populares y las organizaciones sociales. En un escueto comunicado, el ministerio dijo que “a raíz de una información recibida sobre el estado y fechas de vencimiento de determinados productos adquiridos por el gobierno anterior (los cuales se encuentran en los galpones de Villa Martelli y de Tafí Viejo en la provincia de Tucumán del ex Ministerio de Desarrollo Social), ha llevado a cabo una auditoría y ha decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería”.

Pero en tribunales el Gobierno no solo se lo buscó responsabilizar de esa situación sino que, a través de la abogada Gianni, se lo denunció por contrataciones irregulares y cobros en dólares. El caso también cayó en manos de la dupla Lijo-González. Si bien la denuncia no es contra ninguna persona, sino que relata hechos, señala que De la Torre se quedaba con dólares que se cambiaban al cobrar contratos que la Secretaría hizo con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). La denuncia fue hecha en base a un relato que hizo ante las autoridades del Ministerio Federico Fernández, director general de administración de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, recogida por Gianni.

El mismo día de la escandalosa audiencia con Grabois, Gianni declaró durante dos horas ratificando la denuncia y subrayando que los dichos de Fernández ante las autoridades fue de forma “libre y de forma voluntaria”. Una forma de minimizar las versiones periodísticas que señalaban que el funcionario estuvo secuestrado cuatro horas en una oficina.

El fiscal González abrió formalmente la causa en los últimos días: le solicitó a Capital Humano “con carácter de urgente” una serie de documentos vinculados a las contrataciones que se hicieron mediante la OEI y citó a declarar como testigo para el jueves de la semana que viene a Alejandro Schiavi, subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio. “El objeto procesal de autos se centrará en investigar las distintas contrataciones realizadas a través de la Organización de Estados Iberoamericanos con el Ministerio de Capital Humano de la Nación y las Secretarias dependiente de dicha cartera ministerial, en miras de establecer si existieron conductas penalmente relevantes; y en consecuencia determinar la identidad de cada una de aquellas que participaron de la maniobra”, sostuvo el fiscal en su dictamen. Eso podría exceder el Ministerio de Capital Humano.