Las deudas ambientales de Argentina en 2020: incendios y sequía, más deforestación y actividades extractivas estimuladas por la pandemia
El 2020 fue el año de los incendios y la sequía, pero también del aumento de la pobreza y el desempleo, de la deforestación incesante y el punto de partida de una búsqueda desesperada de divisas que sirvan para paliar una muy profunda crisis económica.
La llegada al poder de un nuevo gobierno el 10 de diciembre de 2019 alentó las expectativas de un cambio de rumbo en todos los sentidos. Comenzó devolviéndole rango ministerial al medio ambiente y el desarrollo sostenible, y prometiendo una mirada más amable y amplia a cuestiones que especialistas y organizaciones ambientales vienen denunciando cada vez con más ahínco. Pero sus intenciones apenas duraron tres meses.
El 20 de marzo se decretó un Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio que detuvo la mayor parte de las actividades durante más de cien días y obligó a volcar los recursos estatales a la atención de la salud y el sostén económico de los sectores más vulnerables de la sociedad. Lo que siguió fue una interminable serie de dificultades que dejan abierto un panorama futuro incierto y preocupante.
Lo malo: incendios y sequía
El fenómeno de El Niño había dejado lluvias copiosas y su consecuente rastro de inundaciones en 2019. Era difícil presagiar que solo unos meses más tarde casi toda la porción norte del país iba a sufrir una de las peores sequías de los últimos tiempos. “Prever una situación de esta intensidad era imposible”, sostiene Luis Romero, observador meteorológico de ambiente de la Dirección de Cambio Climático del Chaco, y agrega: “El déficit de precipitaciones se fue alargando más allá de la habitual temporada seca y en septiembre acabó de acentuarse, al declararse formalmente la presencia del evento Niña”.
La escasez de precipitaciones es, paradójicamente, la gota que desborda el vaso de los problemas en todo el norte del país, la zona más afectada por la deforestación en este siglo. “Los bosques son evapotranspirantes”, indica Julieta Rojas, ingeniera agrónoma e investigadora del Departamento de Suelos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). “Los árboles toman agua por las raíces y las hojas la sueltan a la atmósfera, elevando la humedad”, aclara, “de esa manera, el monte equilibra las temperaturas del suelo y del aire. Cuando deja de haber monte, todo resulta más extremo”. Este año, ni siquiera la pandemia frenó la pérdida de bosques: los cálculos previos estiman el doble de deforestación que en 2019.
De hecho, según la medición que la organización Greenpeace Argentina realiza a través de imágenes satelitales, solo en el norte del país se habrían deforestado 48 656 hectáreas de bosques entre el 15 de marzo, al comienzo de la cuarentena, y el 31 de octubre. Las cifras oficiales de todo el país aún no fueron dadas a conocer.
Romero, a su vez, explica que estos fenómenos tienden a prolongarse en el tiempo y cubrir cada vez más áreas geográficas, debido tanto al cambio climático global como a la variabilidad natural en esas regiones. El resultado de estos factores en 2020 fue el fuego.
Alrededor de un millón de hectáreas ardieron este año en la Argentina y ninguna provincia se libró de los incendios. Las imágenes de Rosario, una de las ciudades más pobladas del país, envuelta en humo y cenizas procedentes de la quema de pastizales, o la de las lenguas de fuego tiñendo de anaranjado el cielo nocturno de Córdoba provocaron un enorme impacto. Al mismo tiempo desnudaron múltiples carencias. “La pandemia pudo haber dificultado el accionar de los brigadistas, pero también evidenció la falta de capacidad provincial y nacional para actuar en prevención y ataque temprano de los focos”, afirma Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
El cóctel de razones para semejante caudal de fuego tuvo varios ingredientes. “Quemar pasturas para renovar el suelo forma parte de la cultura de los productores ganaderos, porque es un método eficiente y económico”, subraya Alejandro Brown, director de la Fundación ProYungas. “Hubo acciones negligentes y malintencionadas”, aporta Jaramillo. Las condiciones climáticas sumaron el resto. No solo la ya citada sequía; también el histórico descenso de las aguas en el río Paraná que facilitó la propagación de las llamas en la zona del Delta.
Lo acontecido promovió la sanción o aprobación urgente de una ley que prohíbe durante un plazo determinado los cambios de uso de suelo después de un incendio, una medida para evitar precisamente que quemen el bosque a propósito para luego solicitar el cambio. Esta norma, sin embargo, no generó consenso en el universo ambientalista. Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques en Greenpeace Argentina, cree que “no soluciona el problema de fondo porque no penaliza a quien enciende el fuego”; y Alejandro Brown opina que “sería mejor hacer buenas campañas de prevención y control”.
Lo preocupante: la apuesta por las actividades extractivas
Los últimos registros medidos por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina han situado en un 44,2 por ciento el índice de pobreza y en un 10,1 por ciento el de indigencia en el país. El desempleo, por su parte, alcanza el 14,2 por ciento. Con semejantes cifras y la economía aún pendiente de refinanciar la deuda de 44 000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, la obtención de divisas centra las urgencias del gobierno y por el momento parece anular toda posibilidad de cambio en el modelo extractivista de producción que ha regido desde siempre en Argentina.
“Hay un vector de política de Estado muy claro que se viene repitiendo a través de los últimos gobiernos. Todos han privilegiado la agricultura industrial para exportación de commodities, la megaminería y el fracking”, analiza el profesor Montenegro. Se aprecia en el hecho de que durante el período de cuarentena la agricultura, la ganadería, la minería y poco tiempo más tarde la explotación forestal fueron de las muy pocas actividades consideradas “esenciales” que pudieron mantener su ritmo de tareas habitual.
El análisis de cada rubro muestra cuál es el rumbo elegido. En el sector minero, y luego que en diciembre de 2019 y forzado por las protestas populares la provincia de Mendoza tuviera que dejar sin efecto la modificación de una ley que quitaba la prohibición de uso de cianuro, mercurio y otros contaminantes en los proyectos mineros, el fin de 2020 repite el esquema pero en la patagónica Chubut.
Allí, el gobierno local intenta introducir una enmienda a la ley 5001, aprobada en 2003, para habilitar el ‘Proyecto Navidad’, una mina de plata a cielo abierto situado en Gastre, en la meseta central de la provincia, pero que enfrenta una resistencia social. “El nivel de participación y movilización es muy alto. Prácticamente todos los días hay marchas, cortes de ruta, asambleas o vigilias en las municipalidades”, relata Cristina Agüero, participante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina en Esquel.
Por otro lado, la puesta en marcha del Plan Estratégico de Desarrollo de la Minería, pensado para los próximos 30 años, recibe críticas de algunos sectores. “Se creó una mesa facilitadora donde no está el Ministerio de Ambiente ni el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no hay sociedad civil, ni representantes locales, ni jóvenes”, denuncia Pía Marchegiani, directora de política ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). “Estos proyectos son largamente discutidos en los lugares donde se pretende instalarlos, pero solo se hace hincapié en teóricos beneficios que la experiencia demuestra que nunca llegan a los pobladores locales”, agrega.
También en la Patagonia, pero en Neuquén, se encuentra Vaca Muerta, el yacimiento no convencional de gas y petróleo cuya potencialidad lo convirtió en el principal sueño de de desarrollo económico del país desde su hallazgo en 2011. “A partir de la caída en el consumo y en los precios internacionales esperábamos un proceso hacia una transición energética, pero nos encontramos con que la idea es sostener la matriz basada en los combustibles fósiles”, se lamenta María Marta Di Paola, directora de investigación de FARN.
El gobierno nacional lanzó en noviembre el Plan Gas 2020-2024 cuyo objetivo es incentivar las inversiones con el fin de incrementar la producción y reducir las importaciones. Al mismo tiempo, prepara una segunda licitación de áreas offshore, dentro de los límites del Mar Argentino, para continuar con las prospecciones que permiten encontrar nuevos pozos bajo las aguas del Atlántico. Di Paola aporta un dato concluyente: “El gasto en subsidios para las empresas que intervienen en el negocio de los hidrocarburos es diez veces superior al presupuesto anual del Ministerio de Ambiente”.
Lo imparable: el agro y la ganadería
Estas tradicionales fuentes de sustento de la Argentina, constituyen la tercera pata del modelo. En octubre, el Ministerio de Agricultura anunció su “Iniciativa 200 millones”, que busca alcanzar esa cifra en toneladas de producción de cereales, oleaginosas y legumbres en 2030. Esto implicaría sumar unos 60 millones de toneladas al volumen actual, y para hacerlo se propone “reconvertir entre 500 000 y un millón de hectáreas en zonas de exclusión o amortiguamiento en tierras agrícolas”, según se indicó en la presentación del proyecto.
La ganadería no se queda atrás y varias provincias han lanzado sus planes, todos ellos en la búsqueda de una mayor productividad. El más concreto es el del Chaco, cuya pretensión es incrementar el ganado vacuno en casi un millón de cabezas durante esta década.
Justamente Chaco ha sido la primera provincia en acordar la instalación de granjas porcinas destinadas a producir exclusivamente cerdos para ser exportados a China, el proyecto que más ampollas ha levantado en la sociedad en el transcurso del año. Manifestaciones en las calles, videos protagonizados por conocidas figuras del ambiente artístico y miles de voces de investigadores y expertos se han manifestado en contra del proyecto por motivos que van desde lo económico a lo sanitario pasando por la ecología y la dignidad animal.
Pero mientras Alejandro Brown sostiene que “bien canalizadas, estas granjas son positivas”, Guillermo Folguera, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), es una de las voces críticas. “El proyecto se monta sobre una zona de sequía como el Impenetrable, cuando necesita grandes cantidades de agua; en un contexto de pandemia cuando tiene potencial zoonótico; y en un tremendo marco de desigualdad social cuando se sabe que afectará a los pequeños productores”, explica.
Lo bueno: movimientos en las calles, el Parlamento y la Justicia
La pandemia obligó a modificar hábitos. Durante varios meses, la calle estuvo vedada a la mayoría de la gente, transformando a las redes sociales en los nuevos caminos de expresión popular. En ellas fue gestándose un movimiento de conciencia ambientalista que unánimemente es considerado el aspecto positivo más importante del año.
“Hoy vas a ver al médico y te habla sobre los desmontes. Eso antes no pasaba”, comenta Micaela Camino, integrante de Somos Monte, una organización chaqueña que no deja de sumar adeptos. “La concatenación de temas que se parecen entre sí —no hay mucha diferencia entre lo que pasa con las fumigaciones agrícolas y las granjas porcinas— hizo que se fortalezca la presencia de sectores que antes no tenían tanta presencia en esta lucha, como los jóvenes de áreas urbanas”, analiza Guillermo Folguera. “Ante decisiones que se toman en oficinas en Buenos Aires, en el resto de Argentina la respuesta ‘en mi territorio no’ es cada vez más frecuente”, se sostiene Hernán Giardini.
El incremento de participación ciudadana en los temas ambientales tuvo en 2020 su reflejo en el Parlamento nacional. “Nunca vi un año tan movido en términos de legislación ambiental”, afirma la ingeniera agrónoma Julieta Rojas, para quien la presión de los argentinos ayudó a poner en marcha la discusión y aprobación de normas importantes.
La ley de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático fue aprobada el 30 de diciembre de 2019, y aunque “sigue pendiente su financiación para ponerla en marcha”, según recuerda Luis Romero, la norma es parte de un plan nacional que, como explica el ministro de Ambiente Juan Cabandié, “incluye el abordaje de temas transversales como educación, perspectiva de género, ciencia y tecnología, que responden tanto a la crisis climática como a la propuesta de un desarrollo sostenible con una transición justa e inclusiva”.
En lo concreto, lo más trascendente fue la ratificación del Acuerdo de Escazú, tratado internacional clave para la mejora del acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en todo el ámbito de América Latina y el Caribe. En los tribunales, se destacaron la medida cautelar que detuvo la deforestación en la provincia del Chaco (aunque las imágenes satelitales de Greenpeace permiten apreciar que desde su sanción se perdieron unas 1700 hectáreas de bosques) y un par de fallos que limita las áreas de fumigación con agroquímicos en Santa Fe y Entre Ríos.
Aunque sin duda, el intento de reforma de la llamada Ley de Bosques concitó buena parte de la atención mediática. Juan Cabandié lanzó la propuesta al poco tiempo de asumir el cargo, pero su idea de eliminar la “zona verde” (donde se permite la transformación en área productiva) dividió las aguas. La norma, aprobada en 2007, nunca llegó a ejecutarse al cien por ciento, ya sea por falta de financiación (el presupuesto de 2021 vuelve a adjudicarle menos del cinco por ciento de lo que le correspondería) o por decisiones de los gobiernos provinciales que rebajan su eficacia.
“La plena implementación de los instrumentos de la ley sin duda es necesaria”, acepta el ministro, “así como las sanciones para quienes cometen semejante ecocidio, pero es fundamental contar con la voluntad de las provincias y es lo que venimos trabajando en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)”. Del otro lado de la mesa, Hernán Giardini, de Greenpeace, asegura que “si es para penalizar el desmonte celebro la reforma”. Por el momento, el proyecto quedó en suspenso, pero al menos logró poner sobre la mesa de discusiones uno de los ejes fundamentales sobre los que se basa la defensa del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad.
FUENTE: MONGABAY
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